El miércoles 9 de abril, el Tribunal de Distrito de La Haya celebró su primera audiencia para determinar si tiene jurisdicción en el caso presentado contra Repsol Países Bajos (Repsol NL), filial de la multinacional española Repsol, por el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022 en el mar de Ventanilla, Perú. Este desastre ha sido calificado como el peor desastre ecológico de la historia reciente del país sudamericano.
La demanda, presentada por la fundación holandesa Stichting Environmental and Fundamental Rights (SEFR) en nombre de aproximadamente 50.000 víctimas, busca que se responsabilice a Repsol NL por los daños ocasionados y se reconozca su papel directo en el control de las operaciones de la refinería La Pampilla, lugar donde se produjo el derrame. Se espera que el tribunal emita una decisión sobre su competencia en un plazo de seis semanas.
Un desastre con consecuencias humanas y ambientales
Durante la descarga de crudo de la nave petrolera Mare Doricum en la refinería La Pampilla, se vertieron entre 10.000 y 12.000 barriles de petróleo en el océano Pacífico, contaminando 106 kilómetros de costa, afectando 21 playas y provocando la muerte de miles de aves, peces y mamíferos marinos. Las industrias pesqueras y turísticas de la zona colapsaron, dejando a miles de personas sin ingresos, incluyendo pescadores artesanales, trabajadores de comercios locales y usuarios recreativos de las playas.
Repsol en la mira: acusaciones y defensa
SEFR alega que Repsol NL ejercía control directo sobre La Pampilla, y por tanto conocía —o debería haber conocido— las fallas operativas que causaron el desastre. La organización denunció también que las víctimas aún no han recibido una compensación justa, y que los daños ecológicos y sociales persisten o incluso empeoran.
En un inicio, Repsol atribuyó el derrame a un “oleaje anómalo” provocado por la erupción del volcán Hunga Tonga en el Pacífico, pero luego responsabilizó a la nave petrolera. El gobierno peruano declaró la emergencia ambiental e impuso sanciones a la compañía, aunque estas fueron impugnadas por la empresa.
Repsol afirma haber destinado US$270 millones a labores de limpieza y compensación, asegurando que la mayoría de las víctimas han recibido algún tipo de pago. Sin embargo, los abogados de SEFR argumentan que muchos pagos fueron realizados bajo presión, y representan solo una fracción del daño real.
Un proceso judicial en curso
La demanda, presentada en enero de 2024, solicita una indemnización de US$1.000 millones por daños y perjuicios. La estrategia legal se ampara en la normativa de la Unión Europea que permite responsabilizar a las empresas matrices por los actos de sus filiales. El CEO de Pogust Goodhead, Tom Goodhead, firma legal que colabora con la demanda, señaló que este proceso marca un hito importante para las comunidades afectadas:
“Los daños medioambientales y sociales en Perú continúan. La mayoría de las víctimas no han recibido una indemnización justa. Las promesas de reparación han sido mayormente incumplidas”, declaró.
Próximos pasos
Si el tribunal de La Haya se declara competente, se prevé una segunda audiencia en 2026 para determinar la responsabilidad de Repsol, seguida de una sentencia ese mismo año. La audiencia sobre la indemnización final se llevaría a cabo en 2027.
De las más de 50.000 víctimas representadas, unas 34.000 se unieron al caso en 2023, y otras 15.000 lo hicieron en 2024, en medio de la persistencia de los impactos del derrame.
Este proceso se convierte en un precedente clave sobre cómo las empresas multinacionales pueden ser llevadas a rendir cuentas ante tribunales europeos por daños causados en el extranjero. Las comunidades de Ventanilla y otras zonas afectadas mantienen la esperanza de que esta vía judicial pueda finalmente brindarles justicia y reparación.