El plan del presidente ecuatoriano Daniel Noboa para revitalizar el mayor campo petrolero del país, Sacha, enfrenta un escenario complicado en plena campaña por su reelección antes de la segunda vuelta electoral del 13 de abril.
El acuerdo, que transferiría la operación del campo Sacha de la petrolera estatal Petroecuador a un consorcio liderado por la china Sinopec y la canadiense Petrolia, ha generado una fuerte controversia. Sindicatos petroleros y legisladores del partido izquierdista Revolución Ciudadana, que ostenta la mayoría en el parlamento, han calificado el contrato como inconstitucional, argumentando que podría costarle al Estado ecuatoriano alrededor de 8.000 millones de dólares.
El acuerdo, estructurado como un contrato de participación en la producción, busca aumentar la extracción de petróleo de los actuales 74.600 barriles diarios a 100.000 para 2028, con una inversión comprometida de 1.700 millones de dólares en un periodo de seis años.
Sin embargo, la candidata de izquierda, Luisa González, ha prometido anular el contrato si llega a la presidencia. “Vamos a revertir esta concesión. La revocaremos porque no entregaremos los recursos de los ecuatorianos. Este contrato se firmó fuera de la ley”, declaró González, subrayando preocupaciones constitucionales y la posibilidad de un arbitraje internacional en caso de cancelación.
Ante la creciente presión, Noboa ha exigido al consorcio Sinopetrol el pago de un bono de entrada de 1.500 millones de dólares antes del 11 de marzo, un mes antes de lo previsto. Analistas sugieren que este adelanto del plazo podría ser una estrategia para hacer fracasar el acuerdo y desligarse de un trato políticamente riesgoso, especialmente después de haber superado a González por apenas 15.000 votos en la primera vuelta electoral.
La disputa por el campo petrolero Sacha refleja la lucha más amplia sobre la dirección del sector petrolero ecuatoriano. Mientras Noboa busca equilibrar su visión económica con la presión política, González, protegida del expresidente Rafael Correa, ha hecho de la revocación del contrato una de sus prioridades.
El resultado de las elecciones del 13 de abril definirá el rumbo del sector petrolero de Ecuador. Dependiendo de quién gane, el país podría seguir caminos radicalmente distintos en cuanto a inversión extranjera y explotación de sus recursos naturales.